El Gobierno de Ecuador aplicó hoy un nuevo ajuste en la estructura de precios de los combustibles que comienza a regir a partir del 12 de diciembre de 2025. Las gasolinas de menor octanaje registraron una reducción notable, mientras que el diésel —tras la eliminación del subsidio en meses anteriores— experimenta una leve variación dentro del nuevo mecanismo de bandas que vincula el precio al comportamiento internacional del crudo.
Según los valores oficiales que entraron en vigencia hoy, el galón de gasolina Extra y el de Ecopaís se redujeron desde $2.841 a $2.728, una baja de $0.113 por galón frente al periodo anterior. Al mismo tiempo, el precio del diésel prémium quedó fijado en $2.768 por galón, una ligera disminución respecto al valor que estuvo vigente tras la supresión del subsidio en septiembre. Estas cifras se mantienen como referencia hasta el 11 de enero de 2026, cuando se revisará la fórmula y se publicarán los nuevos valores mensuales.
¿Qué cambió y por qué importa?
Detrás del ajuste está la aplicación de la denominada “fórmula de bandas”, un mecanismo que permite que los precios al público reflejen —con límites— las variaciones en los mercados internacionales del petróleo. Bajo este esquema, las variaciones pueden moverse hasta cierto porcentaje al alza o a la baja según la referencia internacional (como el precio del WTI), lo que busca dar previsibilidad al mercado sin dejar de trasladar parte del costo real de importación. En la práctica, el sistema limita subidas bruscas pero también permite reducciones cuando los precios internacionales bajan.
Para el usuario final, estas modificaciones significan aliento en el bolsillo a corto plazo por la rebaja en las gasolinas Extra y Ecopaís; sin embargo, el escenario del diésel sigue siendo delicado: la eliminación del subsidio hace pocos meses dejó al sector de transporte y a pequeños productores en una posición de mayor vulnerabilidad, pese a las ayudas prometidas por el Ejecutivo para mitigar el impacto social. El retiro del subsidio, que originalmente representaba un gasto estatal cercano a los 1.100 millones de dólares anuales, fue una de las decisiones más polémicas adoptadas este año.
Desde el Palacio de Gobierno, fuentes oficiales reiteraron que los recursos liberados por la reducción o eliminación parcial de subsidios se orientarán a programas sociales y apoyos productivos, incluyendo transferencias para transportistas, pequeños agricultores y sectores vulnerables. Las autoridades sostienen que el objetivo es transitar hacia una política de precios más responsable fiscalmente y menos propensa al contrabando y al uso indebido de subsidios, que han sido un problema recurrente en los últimos años.
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En paralelo, el Ministerio de Economía anunció que se implementarán mecanismos de compensación para grupos específicos que dependan del diésel —como cooperativas de transporte rural y pequeños productores— con ayudas directas temporales y líneas de crédito blandas, además de acelerar la devolución del IVA para adultos mayores y otros programas que atenúen el impacto en los hogares más frágiles. Estas medidas buscan evitar un shock abrupto en la cadena de abastecimiento y en el costo del transporte público.
Sectores que más sentirán el cambio
- Transporte de carga y pasajeros: Aunque el Gobierno ha prometido ayudas y subvenciones específicas, las empresas de transporte y los conductores independientes continúan vigilantes. El diésel representa un componente clave en la estructura de costos de este sector; incluso pequeñas variaciones tienen efectos en tarifas y tarifas de flete.
- Agricultura y ganadería: Productores que usan maquinarias y transporte rural han mostrado preocupación, por la dependencia del diésel en sus operaciones. La movilización para retirar cultivos o comercializar productos puede encarecerse si los costos logísticos suben.
- Comercio y servicios: Los distribuidores y pequeños comercios podrían absorber parte de la variación inicialmente, pero si el coste del transporte se mantiene alto, los precios al consumidor podrían ajustarse en semanas venideras, afectando la inflación local.
Impacto en el consumidor y en la economía doméstica
Para un conductor promedio, la rebaja de la gasolina Extra y Ecopaís representa un ahorro inmediato por cada galón cargado; sin embargo, el consumo doméstico de diésel por servicios esenciales y flotas de transporte puede provocar presiones en precios de bienes y servicios si las ayudas no llegan con rapidez. Economistas consultados por distintos medios locales señalan que, aunque la reducción de precios en gasolina es positiva en el corto plazo, la sostenibilidad fiscal del Gobierno y la continuidad de programas de apoyo serán determinantes para evitar tensiones sociales.
Lo que debe saber el motorista y el transportista
Subsidios y ayudas: Quienes pertenezcan a grupos priorizados por el Gobierno (transportistas organizados, pequeños agricultores, personas con vulnerabilidad económica) deben estar atentos a las convocatorias oficiales para acceder a los apoyos anunciados.
Vigencia: Los nuevos precios aplican desde las 00:00 horas del 12 de diciembre y se mantendrán hasta el 11 de enero de 2026, cuando se publique la siguiente revisión mensual.
Estaciones de servicio: Operadoras y surtidores seguirán las directrices del ente regulador; se recomienda a los usuarios verificar localmente el precio al momento de repostar.
Opinión experta: riesgos y oportunidades
Analistas económicos localizados en Quito y Guayaquil apuntan a dos lecturas posibles. La primera es que la adaptación a precios más acordes con el mercado internacional mejora la sostenibilidad fiscal y reduce distorsiones como el contrabando de combustibles hacia países vecinos; la segunda es que la transición exige un paquete social robusto y ejecución rápida de las compensaciones prometidas para evitar protestas y paros sectoriales. En años recientes, movimientos similares en la región han derivado en huelgas y bloqueos si las compensaciones no resultan convincentes.
Qué pasará en las próximas semanas
El comportamiento del precio internacional del crudo seguirá marcando la pauta: si el WTI se mantiene estable o baja, la fórmula de bandas podría permitir nuevas reducciones en gasolinas y diésel al mes siguiente; si el crudo sube, las tarifas podrían ajustarse al alza dentro del margen permitido. El Ministerio de Energía y el ente regulador han prometido publicar con transparencia la metodología y los números que expliquen cada variación.
Mientras tanto, el Gobierno tendrá que acelerar la implementación de los programas sociales prometidos para evitar que la reducción del subsidio al diésel se traduzca en una carga para los sectores de menor ingreso. La forma en que se articule esa respuesta será clave para la estabilidad social y económica de los próximos meses.
