En las últimas semanas, un debate de gran calado político y económico ha tomado protagonismo entre los líderes europeos: la posibilidad de utilizar los activos rusos congelados en territorio de la Unión Europea (UE) como fuente de financiación para apoyar a Ucrania en su lucha contra la invasión de Moscú. Aunque la iniciativa ha avanzado en varios frentes, también ha generado fuertes tensiones, resistencia interna en algunos países y una respuesta legal por parte de Rusia, lo que transforma el tema en uno de los puntos más delicados en la agenda europea de fin de año.
El origen del debate: activos inmovilizados y conflicto prolongado
Desde que Rusia lanzó su ofensiva militar contra Ucrania en febrero de 2022, la Unión Europea y sus aliados impusieron sanciones económicas sin precedentes. Entre estas medidas se encuentra la congelación de activos del Banco Central de Rusia, que, según estimaciones oficiales, ascienden a cerca de 210 mil millones de euros que permanecen inaccesibles en bancos y depósitos europeos, especialmente bajo la custodia de Euroclear, la entidad financiera con sede en Bruselas.
Esos fondos están destinados originalmente a quedar bloqueados como parte de las sanciones, pero ante la prolongación del conflicto, surgió la idea de emplearlos para financiar tanto la defensa como la reconstrucción de Ucrania. Esta iniciativa incluye propuestas para usarlos como colateral de préstamos o incluso para generar liquidez directa a través de mecanismos financieros complejos.
La decisión de la UE: congelación indefinida y presión sobre miembros reticentes
El pasado 12 de diciembre de 2025, los Estados miembros de la UE alcanzaron un acuerdo histórico: congelar de forma indefinida los activos rusos bloqueados en la Unión, eliminando la necesidad de renovar el bloqueo cada seis meses y asegurando que esos recursos permanezcan fuera del alcance de Moscú hasta que termine la guerra o se pacte una compensación por las pérdidas ocasionadas.
Esta medida fue impulsada como respuesta a obstáculos políticos internos, como la oposición de países como Hungría y Eslovaquia, que mantienen posturas relativamente más cercanas a Rusia, lo que en el pasado había dificultado la renovación automática de sanciones. Con esta decisión, la UE busca dar un paso firme hacia la posibilidad de utilizar esos activos como parte de un esquema de financiación para Ucrania, aunque aún falta consenso sobre los detalles técnicos y jurídicos.
Fuerte resistencia de Bélgica y preocupaciones legales
A pesar del acuerdo general, no todos los miembros de la Unión comparten el mismo entusiasmo en cuanto a cómo podrían emplearse esos activos. Bélgica, el país donde se encuentra Euroclear —la mayor depositaria de los fondos rusos— ha expresado dudas significativas. El primer ministro belga, Bart De Wever, ha señalado que la propuesta —especialmente la idea de usar los fondos como base para un préstamo de reparación para Ucrania— podría conllevar riesgos legales y financieros considerables que su país no está dispuesto a asumir de forma unilateral.
De Wever ha enfatizado que, históricamente, activos soberanos inmovilizados nunca se han utilizado de esta manera y que hacerlo podría desencadenar reclamaciones judiciales masivas, obligando a compartir responsabilidades entre todos los miembros de la UE antes de avanzar. Esta postura refleja la preocupación de varios estados por la seguridad jurídica y económica de tal operación.
Respuesta de Rusia: protestas formales y acciones legales
Mientras los debates políticos continúan en Bruselas, el Kremlin ha reaccionado con firmeza. El Banco Central de Rusia ha advertido que el uso de sus activos, directa o indirectamente, sería contrario al derecho internacional y a los principios de inmunidad soberana, y ha iniciado una demanda legal contra Euroclear en Moscú, argumentando que la congelación prolongada y cualquier intento de utilizar esos fondos es ilegal y violatorio de normas internacionales.
Además, otros altos funcionarios rusos han señalado que una medida de este tipo podría interpretarse como un acto hostil equivalente a una confiscación, lo que podría desatar medidas de represalia y empeorar aún más las relaciones entre Moscú y los estados europeos.
Opiniones divididas dentro de la UE y más allá
La propuesta ha generado un debate interno profundo en Europa. Algunos líderes, como la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, han argumentado que mantener los activos congelados sin límite y discutir su uso para financiar ayuda a Ucrania representa una forma eficaz de expresar solidaridad y compromiso con Kiev. Por otro lado, dirigentes como De Wever y otros representantes han señalado que sin un marco legal completo y garantías compartidas, la operación podría sentar un peligroso precedente jurídico.
Este debate no solo es político, sino también técnico: surgen preguntas sobre cómo estructurar un préstamo respaldado por activos inmovilizados, cómo proteger los intereses de todas las partes y qué mecanismos legales permitirían tal operación sin violar tratados internacionales.
Implicaciones geopolíticas y económicas
Si finalmente se alcanza un acuerdo que permita el uso de estos activos para financiar a Ucrania, las implicaciones serían profundas. Por un lado, proporcionaría a Kiev una base financiera más sólida para planificar no solo su defensa, sino también la reconstrucción a largo plazo tras años de guerra. Se ha discutido incluso que parte de estos recursos podrían respaldar un préstamo de reparación de hasta decenas de miles de millones de euros diseñado específicamente para cubrir gastos civiles y militares futuros.
Sin embargo, esto también podría intensificar las tensiones con Moscú y poner a prueba los límites de la soberanía estatal en el contexto de sanciones internacionales. Algunos analistas advierten que una medida demasiado agresiva podría tener repercusiones en mercados financieros y generar represalias económicas o legales por parte de Rusia y sus aliados.
El papel de la comunidad internacional y próximos pasos
Más allá de la UE, otras potencias globales, particularmente Estados Unidos, han apoyado en general la idea de utilizar sanciones económicas para presionar a Rusia y fortalecer a Ucrania. Sin embargo, incluso dentro del G7 y otros organismos multilaterales existe divergencia sobre cómo implementar estas medidas sin socavar los principios del derecho internacional.
Los líderes europeos han programado una cumbre clave para el 18 y 19 de diciembre de 2025, donde se espera que se discutan los marcos técnicos, jurídicos y financieros necesarios para avanzar en la utilización de activos congelados, así como mecanismos alternativos como préstamos respaldados por el presupuesto de la UE u otras fórmulas de cooperación financiera.
Mientras Europa enfrenta estas complejas decisiones, Ucrania continúa su lucha por financiamiento y estabilidad, y la comunidad internacional observa con atención cada señal de avance o retroceso. Las decisiones que se tomen en este debate no solo tendrán un impacto inmediato sobre la guerra en Ucrania, sino que también podrían establecer precedentes importantes en la manera en que las potencias mundiales utilizan sanciones y activos estatales congelados en futuros conflictos.
